El conflicto armado interno en Colombia y su agudización ha tenido significativos efectos negativos sobre la población civil, específicamente sobre los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales del país. Los niños, niñas y adolescentes se han convertido en víctimas; por un lado, porque, están expuestos a la coerción y el desplazamiento forzado producto de los constantes enfrentamientos entre las guerrillas, paramilitares y miembros de la fuerza pública; y por otro lado, porque son obligados a ser parte de la guerra mediante el alistamiento en las filas de los grupos al margen de la ley.

El reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos armados ilegales se ha intensificado convirtiéndose en una problemática seria para el país en materia de derechos humanos; sin embargo su atención no ha sido la apropiada para la prevención y protección de esta población en riesgo, debido a que ninguno de los actores en conflicto, ni la sociedad civil han hecho un esfuerzo por detener el reclutamiento de menores de 18 años. Esto es aún más grave para las niñas y las adolescentes que en las unidades de los grupos insurgentes, son objeto de prácticas sexuales como medio para obtener ciertos privilegios y seguridad, hecho que claramente las convierten en blancos para el abuso sexual, y sus derechos son más restringidos porque están obligadas a planificar desde los doce años y abortar en caso de un embarazo (Human Rights Watch, 2004).

Aunque no existen actualmente cifras oficiales, el UNICEF considera que en Colombia hay cerca de quince mil niños y niñas entre los 9 y 16 años alzados en armas, y que uno de cada cuatro combatientes irregulares es menor de 18 años. Además, los menores de edad son utilizados para acciones de alto riesgo, tales como la activación y desactivación de minas antipersonales, espionaje, servidumbre y esclavitud sexual para la tropa, y son reclutados porque representan un potencial humano disponible, moldeable y capaz de realizar actividades peligrosas sin medir los riesgos.

Las principales razones de la intensificación de este problema se encuentra en los altos niveles de violencia intrafamiliar y abuso sexual, que obliga a los niños y niñas huir de sus hogares, sumado a la ausencia de oportunidades, como resultado de las condiciones de extrema pobreza, además del acceso restringido a la educación que los incentiva a enlistarse en los grupos al margen de la ley. El UNICEF revela que de 3.911 menores desmovilizados con edades entre los 8 y 18 años, el 15% reconoce que fue vinculado “a punta de pistola”, en tanto que el 85% lo hizo de “forma voluntaria”.

Otra de las razones que se logra observar es que el reclutamiento se puede ver en aumento por efecto de la crisis económica internacional reciente, de acuerdo al representante del UNICEF en Colombia, Paul Martin. También se identifica que en Colombia existen las llamadas “zonas de resonancia cultural” las cuales son regiones con escasa presencia del Estado y con alto y prolongado control por parte de los grupos armados ilegales, quienes han adoptado “culturas de resistencia y oposición”, como el departamento del Meta.

El reclutamiento de niños, niñas y jóvenes se realiza principalmente en cerca de sesenta municipios y veredas de veinte departamentos del país, especialmente en los departamentos del Meta, Putumayo y Tolima, mayoritariamente en sus zonas rurales. Sin embargo, en los municipios del Meta, es en donde se observa que es más intensificado este fenómeno. Por esta razón, los municipios sujeto de intervención de esta iniciativa son: Puerto Rico, Puerto Lleras, Fuente de Oro, La Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, El Castillo, Cubarral, El Dorado y Granada, en ese departamento.



En los municipios propuestos, la problemática del reclutamiento de niños y niñas por parte de diversos actores armados ha sido continuo en los últimos 30 años, con momentos en los cuales se ha acentuado. Tal situación ha reducido la capacidad de las comunidades para resistir el reclutamiento, convirtiendo en víctimas a por lo menos 3 generaciones. Como consecuencia, de la incapacidad del Estado para mitigar y erradicar tal situación, ha aumentado la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para cambiar tal estado de cosas.

En consecuencia el reclutamiento de menores debe ser prevenido desde una acción colectiva donde la protección de los menores sea reconocido como la protección de toda una comunidad.

Esta iniciativa tienen como objetivo general “aumentar la conciencia de la sociedad, incluyendo a niños y niñas, sobre la violación de los derechos humanos, tras el reclutamiento de menores, con el propósito de promover acciones colectivas destinadas a su prevención, en los municipios de Puerto Rico, Puerto Lleras, Fuente de Oro, La Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, El Castillo, Cubarral, El Dorado y Granada en el Departamento del Meta”. En este sentido, esta iniciativa abordará estrategias para la construcción y fortalecimiento de redes sociales con miras a que desarrollen acciones de resistencia colectiva frente al reclutamiento de menores, que incluyen puntos nodales de las redes sociales como la escuela, iglesias, tiendas, vías; grupos de hombres y mujeres, familias y grupos de parentesco, así como grupos formales e informales de jóvenes y de niños y niñas. Adicionalmente, se abordarán estrategias para fortalecer una red de apoyo institucional para la prevención del reclutamiento de menores, que aglutine las instituciones públicas locales responsables del manejo de las políticas de atención de menores, desmovilización, reconciliación y derechos humanos en los respectivos municipios donde se realizará la intervención.

Esta iniciativa espera que los resultados tengan un impacto en:

1. El reconocimiento colectivo a nivel municipal y regional de las causas asociadas al reclutamiento de menores y la generación de acciones ciudadanas e institucionales de prevención del reclutamiento y protección de menores.

2. Los grupos de mujeres y grupos de hombres (todos mayores de edad), han fortalecido sus capacidades para detectar riesgos de reclutamiento y para comunicar factores protectores a los menores.

3. Se han fortalecido, en puntos nodales de las redes sociales (escuela, iglesias, tiendas, etc.), capacidades para detectar riesgos de reclutamiento y para comunicar factores protectores a los menores.

4. Se han fortalecido espacios y formas de organización juvenil e infantil, con capacidades para detectar riesgos de reclutamiento y para comunicar factores protectores a sus pares.

5. Se cuenta con una red de apoyo institucional a la prevención del reclutamiento y al fortalecimiento de las redes sociales para resistir a su ocurrencia.